Una vez más vemos, en la noticia de Clarín del sábado 30 de agosto que reproducimos, que el derecho a morir no puede ejercerse libremente frente a una medicina que parece querer arrogarse el dominio sobre la vida y la muerte. Nadie debería estar obligado a acudir a la justicia para decidir una suspensión de tratamiento, menos aun para evitar recibir un tratamiento que no desea recibir.
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